- La instrucción en los juzgados ha demostrado que no existe expediente del Gobierno de La Rioja encaminado a la construcción de una residencia en dicho convento.
- Los 1,2 millones de euros se gastaron solo en la compra del patio y de la estructura anexa a la Iglesia, por lo que el propio templo sigue siendo propiedad de la Iglesia Católica.
Calahorra, 17 de junio de 2026. El Ayuntamiento de Calahorra mintió a la ciudadanía con la compra del Convento de El Carmen, un edificio en el que el Partido Popular prometió la construcción de una residencia para personas mayores y cuya construcción sigue siendo una imposibilidad dado que no existe ningún expediente de ninguna clase encaminado a la realización de este proyecto.
Así lo reconoció el pasado mes de abril la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en un escrito en respuesta a la pregunta del diputado socialista Jesús María García en el Parlamento de La Rioja en el que se solicitaba la información sobre una posible adecuación para residencia del convento del Carmen.
En esa contestación, la consejera manifestaba que “en el momento actual, no existe ningún expediente administrativo finalizado que sea susceptible de ser remitido al Parlamento de La Rioja”.
A decir verdad, no se han producido ninguno de los hitos necesarios para que dicho proyecto sea una realidad. En este momento, el convento sigue en proceso de compra por parte del Ayuntamiento de Calahorra; no se ha tramitado ningún expediente de cesión del mismo al Gobierno de La Rioja, para lo cual es necesario todo un procedimiento de depuración del bien conforme a la normativa vigente.
Igualmente, por parte del Gobierno de La Rioja, no se ha tramitado expediente alguno para evaluar la idoneidad y la posibilidad de adecuar dicho convento para que reúna las condiciones necesarias para ser destinado a un servicio sociosanitario. Tampoco se ha encargado la redacción de ningún proyecto constructivo y, por ende, no se conoce ni el valor ni la viabilidad de las obras.
Por tanto, nos encontramos en este momento frente a un capricho de la alcaldesa de Calahorra, de 1.200.000 euros, que ha decidido comprar un convento y cuatro fanegas de tierra a costa del bolsillo de sus ciudadanos, sin saber si este edificio podrá destinarse o no a un uso de residencia de personas mayores.
Una compra que se ilustra con la foto de la portada del santuario, que es la parte con más valor del inmueble, pero que es precisamente la que el Ayuntamiento no ha adquirido y que sigue siendo propiedad de la Iglesia Católica.
Un coste completamente innecesario teniendo en cuenta que ya existe un ala en la residencia de “Los Manitos” vacía y que podría ser habilitada a un coste razonable infinitamente menor; así como suelo propiedad del gobierno de La Rioja que podría utilizarse para construir una nueva residencia sin necesidad de gastar 1,2 millones de euros, más el coste aún indeterminado de redacción del proyecto y construcción de la residencia.
Esta no es más que una de las ocurrencias con las que Mónica Arceiz y el Partido Popular concurrieron a las elecciones locales de 2023, propuestas que, como la inmensa mayoría del programa del PP eran irrealizables y con las que el Partido Popular mintió a la ciudadanía.
Valoración de la sentencia
Desde el Grupo Municipal Socialista, consideramos que la sentencia no ha tenido en cuenta cuestiones fundamentales: y es que la misma considera que la causa determinante de la adquisición directa fue la incorporación al patrimonio municipal de un inmueble de valor histórico artístico, relegando a un plano secundario la finalidad de su uso como centro sociosanitario.
Sin embargo, el expediente administrativo insiste de manera reiterada en justificar la compra del convento para destinarlo a un equipamiento residencial sociosanitario en colaboración con el Gobierno de La Rioja, una colaboración que, como vemos, no se ha traducido en la finalización de expediente alguno.
Es precisamente la finalidad de destinarlo a una residencia de personas mayores con lo que se pretendía justificar la compra, y no el mero valor artístico e histórico del edificio, lo cual no lo convierte de manera automática en un lugar apto para albergar un centro sociosanitario de estas características, por lo que entendemos que no se cumple la condición de especial idoneidad, puesto que no se han estudiado las peculiaridades de la necesidad real a satisfacer.
Igualmente, consideramos que deben tener en cuenta los principios de buena administración, y que antes de adquirir por 1.200.000 euros un convento para construir una residencia, las administraciones públicas están obligadas a analizar si esa compra es la vía más económica, más eficaz y más eficiente de poner en marcha ese servicio. Un análisis que no se ha realizado ni por parte del Ayuntamiento ni por parte del Gobierno de La Rioja.
La sentencia permite que cualquier administración pública pueda comprar directamente a un tercero inmuebles con una mínima protección patrimonial sin necesidad de justificar previamente para qué utilizar, ni si la utilización pretendida es viable técnica y económicamente.
Hay que tener en cuenta que el procedimiento de compra (adquisición) directa es de aplicación restrictiva y se debe acreditar la existencia de motivos para optar por este procedimiento y no por un procedimiento de libre concurrencia, como marca la ley.
Porque la mera transmisión de la propiedad no garantiza la conservación del patrimonio histórico artístico de un edificio del siglo XVI. Lo que garantiza el patrimonio es asegurarse de que el edificio cumple con las determinaciones necesarias para ser utilizado para el fin para el que se compró, cuestión de fondo en la que la sentencia no entra, pero que es absolutamente determinante.
De hecho, el Partido Popular en Calahorra atesora una amplia experiencia en comprar patrimonio a la iglesia para posteriormente abandonarlo durante décadas como hizo con el Seminario, o con la casa del Cochero y la Casa del Deán que posteriormente fueron cedidos a coste cero nuevamente a su propietario inicial.
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista estudia la posibilidad de recurrir dicha sentencia.
