- Asimismo, el PSOE solicita que, si la alcaldesa quiere seguir apelando en este proceso judicial, renuncie al presupuesto municipal y lo costee con su dinero.
Calahorra, 21 de noviembre de 2024. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra ha registrado esta mañana una solicitud para que Mónica Arcéiz asuma de su propio bolsillo el coste de 1.600 euros que ha supuesto para el Ayuntamiento de Calahorra las condenas en costas por la decisión de la alcaldesa de cambiar la fecha de celebración de los plenos para tratar de impedir la asistencia de una concejala socialista, vulnerando así el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.
La ilegalidad de este hecho fue advertida desde el primer minuto por el Grupo Municipal Socialista y ha quedado demostrada en las tres sentencias judiciales que se han producido sobre este asunto.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que las calagurritanas y los calagurritanos no tienen la culpa de estas decisiones y no deben pagar por ellas. No es justo que los bolsillos de quienes convivimos pacíficamente en Calahorra sufraguen las decisiones que únicamente se explican desde la venganza personal, el miedo al adversario político, la temeridad judicial y la irresponsabilidad política.
Todo ello hace necesario que sea la Sra. Arcéiz la que asuma de su propio bolsillo el coste que para los calagurritanos ha tenido este proceso judicial que ha implicado vulnerar la ley de mayor rango de nuestro ordenamiento: La Constitución Española de 1978.
Arcéiz pasará a la historia por ser la única persona que ha ocupado la alcaldía de Calahorra que ha conducido al Ayuntamiento de Calahorra a una condena por vulnerar derechos fundamentales recogidos en la carta magna.
Es por ello, que si dispone de la honestidad y la valentía suficientes, debe sufragar íntegramente el coste de estas sentencias judiciales. Y si, pese a todo, quiere seguir con este procedimiento acudiendo al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación, debería hacerlo mediante sus propios recursos personales, tanto presupuestarios como humanos, contratando de su bolsillo al letrado o letrada que ella considere, y renunciando a cualquier recurso municipal para ello.
