Los votos del Partido Popular y de Ciudadanos impidieron que los responsables de la roturación del Soto del Cidacos (ocurrida en 2007) fueran sancionados.
Se trata por tanto, a entender del Grupo Municipal Socialista, un acuerdo NULO DE PLENO DERECHO por ser lesivo contra el interés general y contrario al interés público.
Por este motivo, hemos presentado un recurso de reposición ante el propio Pleno que tendrá que ser debatido y votado en una próxima sesión plenaria.
El recurso presentado por el PSOE muestra con claridad como los instrumentos de planeamiento urbanísticos de Calahorra sobre esta zona establecían perfectamente la obligación de conservar el bosque de rivera existente y que fue arrasado sin contemplaciones con maquinaria pesada en octubre de 2007.
Es obligación del Ayuntamiento de Calahorra velar por la legalidad y los intereses generales sancionando a quienes vulneren la legalidad urbanística.
El Plan General Municipal establece que el futuro parque a realizar en el sector Cidacos, en la zona colindante al rio, que “su acondicionamiento se hará fundamentalmente en praderas y zonas verdes, con riego automático por aspersión y bosquetes de árboles manteniendo, en todo caso, la vegetación de galería existente” El PGOU especifica que obliga al futuro Plan Parcial a respetar este punto.
Por debajo normativamente del Plan General Municipal, el Plan Parcial (obligado por el Plan General y por los informes de Medio Natural del Gobierno de La Rioja) establece que, entre otras cuestiones encaminadas a proteger la vegetación natural del sector especialmente junto al río Cidacos, “se considera necesario que el Proyecto de Urbanización contemple la conservación de la vegetación arbolada existente”.
El Plan Parcial es de carácter ejecutivo y jerárquicamente superior al Proyecto de Urbanización.
En dicho proyecto, a requerimiento de los técnicos municipales del área de medio ambiente se establecieron partidas presupuestarias para el trasplante de especies así como la obligación de comunicar al Ayuntamiento el inicio de la obras para determinar el tratamiento de los árboles que se encontraban en el sector.
Según requerimiento de alcaldía:
“deberá preservarse la vegetación existente en la mayor parte del Parque proyectado (tramo colindante al cauce del Río Cidacos), realizándose únicamente trabajos de eliminación de unidades muertas o fitosanitariamente deterioradas y trabajos de limpieza y adaptación a la delimitación del sector y sus infraestructuras. Si fuera necesario el cambio de ubicación de alguna unidad cuya situación afecte a infraestructuras principales no modificables, deberá proceder al trasplante de la misma adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el mismo”
Por último, el propio Ayuntamiento de Calahorra ya abrió en 2007 un expediente de restitución de la legalidad urbanística (compatible con la apertura de expediente sancionador) que se cerró con la repoblación de una parcela en la zona de manzanillo (junto al río Ebro) según el cual se establecía que la obras realizadas en el soto del Cidacos no se ajustaban al Proyecto de Urbanización.
“paralice inmediatamente las obras correspondientes a la zona afectada y proceda a ajustar las mismas al Proyecto de Urbanización aprobado”
Es decir que por coherencia con este expediente, el pleno del Ayuntamiento de Calahorra no puede determinar ahora que las obras sí se ajustaban al proyecto (los propietarios jamás alegaron haber cumplido el proyecto de urbanización) y tampoco puede negar lo expuesto en el Plan General Municipal
Por todo lo expuesto consideramos que el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra del interés general y de la defensa de la legalidad urbanística.
Un Ayuntamiento no puede dejar sin sancionar una vulneración grave de la legalidad urbanística y serán los concejales y concejalas del PP y de Ciudadanos de Calahorra quienes con su voto en contra tengan que responder personalmente por votar contra el respeto a la legalidad ya que impidieron que los responsables fueran sancionados.
Con este recurso ofrecemos a los 11 concejales del PP y de Ciudadanos la posibilidad de enmendar una decisión incorrecta, contraria a la legalidad.