- Los desmedidos términos del expediente incoado por el Gobierno de La Rioja para la protección del cuartel de la guardia civil de Calahorra solo son entendibles a la luz de la encarnizada lucha que enfrenta a las dos facciones del PP: el ejecutivo de Ceniceros del PP de La Rioja con el PP de Portillo.
- Calahorra y su futuro no puede ser el juguete roto de las luchas internas de poder del Partido Popular.
El pasado viernes el BOR hacía pública la resolución por la que se incoa el expediente de declaración del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Calahorra como Bien Regional de Interés Cultural.
Según la documentación expuesta, la figura de protección que pretende aplicar el Gobierno de La Rioja afectaría no solo al edificio sino que se extiende hasta las calles adyacentes puesto que, tal y como recoge la resolución la figura de protección y sus condicionantes y restricciones se aplicarían al edificio y a su entorno.
Si resultan discutibles las cualidades arquitectónicas del edificio, resulta del todo incomprensible entender que los tramos de las calles Gallarza, Bebricio, Achútegui de Blas y Dos de Mayo que rodean el cuartel deban ser también protegidos.
El Ayuntamiento de Calahorra necesitaría, de hacerse efectiva la protección del Gobierno de La Rioja, la autorización de la Comisión de Patrimonio para realizar cualquier obra o reparación sobre estas calles.
Ni tan siquiera los edificios declarados BIC extienden su protección más allá de los límites de los propios edificios. Se trata pues de un planteamiento desmedido, inconsistente y que deja entrever que pueden existir intereses muy distintos en este expediente que nada tienen que ver con el posible interés arquitectónico del edificio.
Por otro lado resulta llamativo que esta decisión, que supone un mazazo para los intereses de la ciudad de Calahorra y que afecta a una importante manzana situada en el centro de la ciudad, se haya tomado fundamentándose en un breve informe del Colegio de Arquitectos que incluso contiene errores de bulto en la descripción del edificio.
Suponemos que la Comisión de Patrimonio aplicará a partir de ahora los mismos criterios a todas las edificaciones de La Rioja que comparten rasgos con el cuartel de la guardia civil de Calahorra. Por ejemplo todas las viviendas sociales construidas durante el mismo periodo y con los mismos criterios y estilo arquitectónico.
Un criterio que el Gobierno de La Rioja no aplicó al chalet de los Sevilla en Arnedo o que no ha aplicado al cuartel de la policía nacional de Logroño que fuera inaugurado en 1943 y que ha sido derribado este mismo verano.
El fervor protector hacia nuestro cuartel no resiste la comparación con estos precedentes. La pregunta clara es cuál es el verdadero interés del Gobierno de La Rioja. Por qué en lugar de realizar un estudio serio de aquellos elementos que pudieran tener un interés y que tal vez si mereciera la pena proteger prefiere actuar con una postura de máximos que no se explican en ningún caso desde el deseable y respetables interés por la protección verdadera del patrimonio de La Rioja.
¿Qué interés arquitectónico tiene el muro perimetral del cuartel o la calle Dos de Mayo o cualquiera de las otras calles?
Lo que verdaderamente se destila de la apertura de dicho expediente de protección es lisa y llanamente un episodio más de la lucha encarnizada entre el Presidente Ceniceros y el alcalde de Calahorra. Una puñalada más dentro de su lucha interna. Con la irresponsabilidad añadida de no pensar en que una protección integral de la totalidad del edificio, incluido el patio, los muros perimetrales e incluso las calles adyacentes es un sin sentido que condena a una parte de la ciudad al ostracismo y al abandono.
Es intolerable que en el Partido Popular use el viejo cuartel como arma arrojadiza, poniendo en serio riesgo el futuro de la ciudad e importantes inversiones urbanísticas que están sobre la mesa.
También es muy lamentable la conducta de la Comisión de Patrimonio que durante 12 años ha sido incapaz de manifestar el más mínimo reparo al derribo del cuartel, previsto y comunicado desde el 2006 y que ahora parece haber descubierto el edificio. Una Comisión de Patrimonio que muestra una preocupante elasticidad en desproteger y autorizar derribos completos de otros edificios privados protegidos, como la Casa Baroja en la calle Mártires que será demolida por completo, y sin embargo pretende obligar al Ayuntamiento de Calahorra a mantener íntegramente todo el cuartel incluidas las calles que lo circundan. Una Comisión de Patrimonio
Lo que tendría que hacer el Gobierno de La Rioja y José Ignacio Ceniceros es costear íntegramente la protección, reparación y puesta en funcionamiento del edificio, si tan interesante le parece. Invertir dinero en conservar el patrimonio, no sólo el religioso (que parece ser lo único que le importa) sino también civil. Si quieren que el cuartel se restaure y reforme que pongan dinero sobre la mesa y dejen de jugar con el futuro de Calahorra.
