- El Real Decreto-Ley 13/2026 permite a los Ayuntamientos usar sus remanentes o superávits para inversiones en vivienda sin afectar a las reglas fiscales
- También se incluye en el pleno la construcción de una nueva escuela infantil y solución al problema de falta de plazas para este curso.
Calahorra, 25 de junio de 2026. A principios de este mes de junio, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a incrementar la financiación territorial, lo que supondrá una inyección económica récord para las Entidades Locales de 29.247 millones de euros a nivel nacional a través de las entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 8,8 % en comparación con el ejercicio anterior y un 67,5% más respecto al año 2018.
El Ayuntamiento de Calahorra se ha beneficiado de esta expansión general de los fondos estatales, las entregas a cuenta por la participación en los tributos del Estado han crecido un 76,26 %, desde los 4.870.000 euros, hasta los 8.583.815,33 euros incluidos en el presupuesto municipal de 2026. En cualquier caso, la gestión de los excedentes económicos requiere de un análisis y una planificación que deben tener como prioridad la realización de inversiones o la creación de más y mejores servicios públicos.
Es por ello que el remanente de tesorería y el superávit presupuestario de 2025 no deben permanecer inmovilizados o simplemente dirigidos a amortizar anticipadamente la deuda municipal, sino que deben ser invertidos en la economía real de la ciudad aprovechando esta financiación histórica.
El Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, dispone en su artículo 5 la habilitación extraordinaria para 2026 de exceptuar la aplicación de la regla del destino obligatorio del superávit. Esta medida permite a las entidades locales dirigir sus remanentes de 2025 a inversiones financieramente sostenibles, incluyendo programas de vivienda, con un horizonte de ejecución extendido de carácter plurianual hasta el año 2030.
Asimismo, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, inyecta recursos específicos destinados a blindar y ampliar el parque de vivienda protegida de titularidad pública, habilitando las herramientas necesarias para que nuestro Ayuntamiento actúe como un motor económico y social, y no como un mero recaudador pasivo.
Por todo ello, en el pleno del mes de junio que se celebrará en el próximo lunes propondremos al equipo de gobierno la elaboración inmediata, en colaboración con los grupos municipales y en un plazo máximo de 30 días, de un Plan Especial de Inversiones Sostenibles de Calahorra, financiado con cargo al superávit presupuestario del ejercicio 2025 y con un horizonte hasta 20230, al amparo de la habilitación excepcional conferida por el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio.
Asimismo, solicitaremos que se inicien de inmediato los expedientes técnicos y administrativos requeridos para la promoción municipal de vivienda protegida para alquiler asequible en suelo público calagurritano, acogiéndose a las líneas de financiación y la retroactividad económica del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Nueva escuela infantil y solución al problema de falta de plazas para el curso 2026-2027
Dentro del proceso ordinario de matriculación, 63 familias calagurritanas se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles públicas de la ciudad para sus hijos e hijas menores de tres años. Así lo reflejan las listas definitivas de admisión para el curso 2026-2027, publicadas al término del proceso de escolarización:
— Bebés de 0 a 1 año: 8 familias sin plaza.
— Niños y niñas de 1 a 2 años: 48 familias sin plaza.
— Niños y niñas de 2 a 3 años: 7 familias sin plaza.
El problema golpea con especial dureza en el tramo de 1 a 2 años, donde 48 familias han quedado fuera tanto en la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen (gestionada por la Comunidad Autónoma) como en la Escuela Infantil Santos Mártires (gestionada por el Ayuntamiento). Ninguna de las dos escuelas públicas de la ciudad ha tenido plazas suficientes para atender la demanda de todas las familias.
En el caso de los bebés de 0 a 1 año, existe una posibilidad parcial de solución, la ordenanza municipal reserva una plaza por aula para niños y niñas tutelados por la Comunidad Autónoma. Si antes del 15 de junio esas plazas no han sido solicitadas, quedan libres y pueden ser ocupadas por familias ordinarias en lista de espera. El mismo mecanismo se aplica en los demás tramos quedando el resto de familias afectadas definitivamente fuera del sistema público.
Asimismo, la ordenanza contempla una plaza reservada por aula para niños y niñas con necesidades educativas especiales (discapacidad reconocida igual o superior al 33 %), con un máximo de dos plazas en las aulas de uno y dos años. Estas reservas, tanto para menores tutelados como para niños con necesidades educativas especiales, responden a criterios de protección social y educativa plenamente justificados, y no forman parte de las plazas de acceso general.
Las familias que no han obtenido plaza se encuentran ante una situación muy difícil: o pagan un servicio privado, con unos costes que muchas economías familiares no pueden asumir, o llevan a sus hijos e hijas a escolarizar fuera de Calahorra a municipios riojanos o navarros colindantes.
Lo más grave es que esta situación no ha llegado por sorpresa. Durante dos años consecutivos los nacimientos han ido repuntando en nuestra comunidad tras lustros en caída, una tendencia que se ha replicado en nuestra ciudad.
Esto ha evidenciado un problema de planificación que ya se puso de relieve el pasado curso, cuando el Ayuntamiento cerró una de las aulas de bebés de la escuela municipal para habilitarla para niños y niñas de 1 a 2 años, ya que la demanda era superior a la oferta en este tramo de edad, generando controversia al quedar muchas familias de bebés sin una plaza pública. Una situación que ya fue señalada por este grupo municipal con la advertencia de que para este curso escolar la situación iba a ser peor.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Calahorra no ha tomado medidas, aplazando cualquier actuación hasta el curso 2027-2028, ignorando que hay 63 familias calagurritanas que necesitan una respuesta antes de septiembre de 2026.
Existen posibles soluciones al alcance que merecen ser estudiadas antes de dar carpetazo al asunto hasta el año que viene. Por ejemplo, adecuar y habilitar espacios en centros escolares públicos de primaria, donde sí han quedado plazas vacantes, para convertirlas en plazas de infantil de primer ciclo. Espacios que serían fácilmente adaptables a las condiciones pedagógicas, de seguridad e higiene exigidas por la normativa vigente, garantizando entornos dignos y adecuados para la educación y el cuidado de los menores.
Sea cual sea la solución, requerirá que se dote a dichos espacios de los recursos humanos y materiales suficientes para el funcionamiento de las plazas habilitadas, garantizando en todo caso las ratios y condiciones de calidad exigidas por la Ley.
La Ley de Bases del Régimen Local (art. 25.2.n) obliga a los municipios a participar en la planificación educativa y a cooperar en la creación y mantenimiento de los centros de educación infantil. Y la Ley Orgánica de Educación vigente (LOMLOE) exige a todas las administraciones públicas que amplíen progresivamente la oferta de plazas en el primer ciclo hasta cubrir toda la demanda.
Por ello, en el pleno de junio que se celebrará el próximo lunes instaremos a la alcaldesa y a su equipo de gobierno a que, de la mano del Gobierno de La Rioja, adopten, con carácter urgente e inmediato, medidas para garantizar el acceso a una plaza de educación infantil de primer ciclo a las 63 familias calagurritanas que se han quedado sin plaza en el listado definitivo del curso 2026-2027 antes del inicio de curso en el mes de septiembre.
Finalmente, también instaremos al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Calahorra a iniciar de forma inmediata los trabajos de planificación a medio y largo plazo de una nueva escuela infantil de primer ciclo para Calahorra, lo que permitirá adecuar la oferta de plazas a la demanda real, evitando que situaciones como la actual se repitan en cursos sucesivos.
