- La inspección del 14 de diciembre de 2015 a las instalaciones eléctricas de los colegios públicos de Calahorra fue DESFAVORABLE por numerosos defectos, algunos de ellos “muy graves”.
- En los tres centros se han detectado deficiencias en los cuadros eléctricos, iluminación obsoleta y que ha superado ampliamente su vida útil, falta de tomas de tierra, derivaciones, falta de alumbrado de emergencia, ampliaciones no legalizadas y un largo etcétera; además de un cableado cuyo revestimiento no cumple las recomendaciones de baja emisión de humo y tóxicos en caso de incendio.
- Dos años después, aún no se han acometido las obras para eliminar los graves riesgos existentes para la seguridad y la salud visual del alumnado y la plantilla de los centros.
Como ya viene siendo tónica general en el Ayuntamiento de Calahorra, la desidia y la falta de trabajo en las necesidades básicas de la ciudad genera situaciones de riesgo.
La concejala delegada de Educación, Mónica Arcéiz, lejos de ponerse inmediatamente a trabajar (no en vano está liberada) para realizar las obras en 2016, ni siquiera fue capaz de incluir una partida presupuestaria en los presupuesto de 2016 ni 2017 para acometer esta importante reforma que compromete la seguridad de los colegios, Ángel Olivan, Aurelio Prudencio y Quintiliano.
Los tres centros públicos de Calahorra cuentan con instalaciones eléctricas obsoletas que no cumplen con los criterios de seguridad ni calidad exigibles a un “local de pública concurrencia” según el REBT-2002 (reglamento de baja tensión aprobado en 2002).
Han pasado más de dos años y las obras de adaptación no solono se han realizado sino que aún están sin licitar. Es imprescindible que se realicen este mismo verano.
En agosto de 2016 una nueva inspección volvió a dar como resultado un acta de inspección negativa con deficiencias graves en la instalación.
En julio de 2016 el Ayuntamiento de Calahorra ya se había comprometido a realizar las obras durante el verano de 2017. Sin embargo, el presupuesto de 2017 tampoco contemplaba una partida económica para llevarla a cabo.
En septiembre de 2017 el pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó una modificación de crédito (4/2017) para incluir una partida en los presupuestos municipales para la reforma de la instalación eléctrica de los colegios públicos por un importe de 341.585,46€ dado que, según los informes técnicos, “no existe crédito presupuestario vigente y que por su carácter no pueden ser demorados hasta el ejercicio siguiente […] la realización de las obras para la legalización eléctrica de los colegios públicos […] no puede posponerse a ejercicios posteriores por cuanto la próxima inspección negativa puede conllevar el cierre de los colegios.”
Un nuevo requerimiento, pese a que el cierre de los colegios estaba encima de la mesa
Llegado a 2018 no solo no se ha realizado la obra sino que un nuevo requerimiento de la Consejería de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, de 31 de enero de 2018, dice:
«A fecha de hoy y a pesar de lo manifestado por Vds. En su escrito del 13 de julio de 2016 y al vencimiento de los plazo indicados no consta en nuestros archivos y registros que se hayan tomado medidas para subsanar los defectos observados y que comprometen seriamente la seguridad de la instalación”
“También le recordamos que conductas como el inadecuado mantenimiento de las instalaciones o mantener en funcionamiento una instalación de alta tensión sin haber superado una inspección periódica con resultado favorable, son constitutivas de infracción administrativa grave tipificadas en el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, (multas desde 3.005,07 hasta 90.151,82 euros) de 16 de julio, de industria y que la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones afecta directamente al titular de las mismas.
Como administración públicas, el Ayuntamiento de Calahorra está obligado a velar por los intereses generales, entre los que indudablemente se encuentra la seguridad de las instalaciones industriales, con el fin d evitar riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas y el medio ambiente”
Curiosamente, en el pleno del lunes, la concejala de Educación se permitía decirle al PSOE “¿cómo se puede jugar con los niños?” en relación con la primera licitación de la feria que quedó desierta.
Como siempre, se hacen aspavientos y se enarbola la ofensa mientras esta misma concejala no tiene reparo alguno en que cientos de niñas y niños de Calahorra acudan a clase en centros cuyas instalaciones eléctricas no superan los controles y tienen problemas muy graves de seguridad y deficiencias que afectan a su salud visual. Y todo ello cuando desde 2015 es conocedora de la situación y aún no le ha puesto remedio. Industria ha dado un nuevo plazo “IMPRORROGABLE” de 3 meses para presentar un acta de inspección favorable (que requiere la realización de las obras) o la presentación de una justificación y un nuevo plannig de actuaciones por parte de la entidad responsable de los centros que no es otra que el Ayuntamiento de Calahorra.
Exigimos por tanto que esta cuestión sea tomada como prioritaria para que el día siguiente a la finalización del periodo escolar se puedan realizar estas obras. El Presupuesto para las mismas es:
- Angel Olivan: 43.000€
- Quintiliano: 105.000€
- Aurelio Prudencio: 154.000€