- La interventora del Ayuntamiento señala que exigir 5 años de empadronamiento “puede incidir sobre el principio de igualdad”, vulnerando la Constitución Española.
- El PSOE presentará un recurso contra las bases de estas ayudas para flexibilizarlas y que alcancen a un mayor número de personas hasta agotar el presupuesto.
- En 2025 el Ayuntamiento de Calahorra adjudicó un 60 % menos de ayudas de emergencia social.
- El Equipo de Gobierno es una fábrica de empeorar las condiciones de pobreza por una medida racista, populista e ineficaz.
Calahorra, 17 de julio de 2026. La pasada semana, la alcaldesa de Calahorra anunció que el Ayuntamiento de Calahorra iba a sacar una nueva convocatoria de Ayudas de Emergencia Social, de carácter extraordinario, con el objetivo de atajar las situaciones de “nueva pobreza” para personas que acrediten 5 años de empadronamiento ininterrumpido en Calahorra.
Esta medida vulnera la Constitución Española al no ser conforme al artículo 14 que garantiza la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos. Así lo reconoce la propia intervención municipal que, en su informe de fiscalización, advierte de que este criterio de empadronamiento prolongado “puede incidir sobre el principio de igualdad en el acceso a las ayudas públicas” y advierte al equipo de gobierno que “corresponde al órgano gestor asumir la suficiencia de la motivación incorporada al expediente y la defensa jurídica de la medida en caso de eventual impugnación”.
Esta medida no tiene otra motivación que la intención de la alcaldesa de Calahorra de adelantar a VOX en racismo y populismo, aunque con ello la alcaldesa se salte los principios constitucionales más elementales.
Establecer criterios de empadronamiento prolongado para otorgar ayudas de emergencia social solo responde al objetivo velado e inútil de tratar de excluir de las mismas a personas de origen migrante que, presuntamente, no podrían cumplir con dicho requisito por haberse empadronado recientemente.
Pero cualquier persona con dos dedos de frente es capaz de darse cuenta de que el endurecimiento en el acceso a ayunas de emergencia perjudica por igual a todas las personas con independencia de su origen o nacionalidad:
- Perjudica a un ciudadano calagurritano que vuelve a su ciudad de origen tras haber perdido el empleo en otra localidad.
- Perjudica a una persona desahuciada que se traslada a Calahorra a casa de un pariente cercano que puede acogerle, pero que sigue necesitando una ayuda.
- Perjudica a jóvenes calagurritanos que, tras sus estudios fuera de la ciudad, vuelven a buscar su prosperidad en Calahorra pero que todavía no tienen empleo previo.
- Perjudica a trabajadores de temporada agrícola o de la conserva que se desplazan por campañas y quieran fijar su residencia en Calahorra porque trabajan en la comarca.
- Perjudica a personas separadas o divorciadas que cambian de municipio por razón de una custodia, para estar cerca de sus hijos, pero que necesitan ayuda.
- Perjudica a personas retornadas del extranjero, un migrante español que vuelve a nuestro país a instalarse en Calahorra sin ahorros o red de apoyo inmediata.
- Perjudica a personas mayores que se trasladan para ser cuidadas por sus hijos, que residen en nuestra ciudad.
- Perjudican a personas que pierden su vivienda por una calamidad (incendio, inundación y otra emergencia) y se realojan en Calahorra.
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Asi pues, la decisión de la alcaldesa de Calahorra perjudica a más personas y no beneficia a nadie. Tanto es así que, en el año 2025, cuando el Ayuntamiento decidió incrementar de 6 meses a 1 año el requisito de empadronamiento, la alcaldesa provocó que se adjudicaran un 61 % menos de ayudas de emergencia social. En 2024 se adjudicaron 133.000 euros en ayudas. En 2025 fueron apenas 51.710,49 euros.
De todas ellas, apenas el 19 % estaban destinadas a población extranjera. Y esto es una constante. Todos los años estas ayudas han llegado en mayor proporción a personas con nacionalidad española.
La partida ayudas de emergencia social en 2025 era de 300.000 euros. Lo que provocó que 250.000 euros en ayudas se perdieran por el camino. 250.000 euros que no fueron disfrutados por personas de ninguna nacionalidad, principalmente española.
La naturaleza de las ayudas de emergencia no es premiar el empadronamiento o el origen de una persona, sino resolver una situación de urgencia o emergencia social con causa reciente y necesidad inmediata. Las situaciones sobrevenidas no entienden de años de empadronamiento, pueden afectar a todas las personas por igual, con independencia de su origen o nacionalidad.
En este 2026, con un endurecimiento todavía mayor de las condiciones de acceso a las ayudas de emergencia, tanto en las de carácter ordinario, como en esta convocatoria extraordinaria, la previsión es que todavía menos personas puedan acceder a las mismas, por lo que desde el PSOE presentaremos un recurso para que se flexibilicen las condiciones de acceso, y se garantice que estas ayudas pueden llegar a mayor número de personas, hasta agotar el presupuesto.
La alcaldesa y su equipo de gobierno justifican la creación de estas ayudas extraordinarias en la generación de una nueva pobreza, de acuerdo con el IX informe FOESSA. Sin embargo, de acuerdo con el diagnóstico y las conclusiones del IX Informe FOESSA (presentado a finales de 2025), la postura de la Fundación FOESSA y Cáritas es radicalmente opuesta a endurecer o restringir el acceso a los recursos de protección social.
La lógica del informe defiende que, ante la aparición de nuevas y más complejas situaciones de exclusión, es urgente flexibilizar, simplificar y ampliar el escudo social, no recortarlo o dificultarlo. De lo contrario, el Ayuntamiento de Calahorra se está comportando como un agente generador de nuevas situaciones de pobreza y exclusión.
Asimismo, también se justifica la necesidad de estas ayudas a que las situaciones de “nueva pobreza” se han podido ver agravadas por el contexto internacional de la Guerra en Irán. Una situación sobrevenida que puede agravar situaciones de vulnerabilidad y que debería ser motivo suficiente para no exigir ninguna clase de empadronamiento. ¿Cómo es posible que la alcaldesa pretenda pedir 5 años de empadronamiento a una persona que decide venir a vivir o volver a Calahorra tras haber perdido su empleo como consecuencia de la crisis de Irán?
Asimismo, tanto las ayudas ordinarias, que establecen un requisito de 2 años de empadronamiento, como las ayudas extraordinarias, que lo incrementan a 5 años, contravienen la normativa autonómica que exige como requisito de acceso a las ayudas de emergencia acreditar la residencia efectiva en La Rioja con una antelación mínima de 4 meses a la solicitud en cualquier municipio de La Rioja.
Podría decirse que lo que está haciendo la alcaldesa Arcéiz es degradar el sistema de protección social de nuestra ciudad, convertir a Calahorra en una ciudad hostil para quien la habita, que en lugar de combatir la pobreza, se dedica a segregar a la población y a expulsarla.
Una ideología que es contraria a la Constitución Española, a los Tratados de la Unión Europea y a los Derechos Humanos.
Con la nueva regulación que la alcaldesa está dando a las ayudas de emergencia social, exigiendo empadronamientos prolongados, Arceiz está rompiendo el sistema de protección social de La Rioja y está situando a los habitantes de Calahorra en una peor situación que los vecinos y vecinas de las localidades de nuestro entorno, perjudicando a todo el mundo, se llame o se apellide de cualquier manera.
En lugar de una ciudad que acoge, una ciudad amable, y una ciudad que ayuda. Arcéiz quiere una ciudad más pequeña, una ciudad más pobre, una ciudad con más desigualdad. Todo ello bajo un pretexto falso: que el endurecimiento de las ayudas favorece a la población nacional, cuando en realidad lo que provocan es pobreza y exclusión a personas de toda clase y condición, con independencia de su origen.
Desde el Partido Socialista no vamos a tolerar este atropello a nuestro sistema de protección social.
